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Principios Rectores de la Prueba

Principios que rigen la prueba en Colombia

Necesidad

El principio de necesidad es el resultado de la prohibición constitucional del fallo sin pruebas. También es el resultado de la prohibición internacional de la decisión por sospecha, en oposición a la decisión por indicio. De acuerdo con la legislación procesal, toda decisión deberá fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Este concepto, que encierra varias previsiones de contenido sustancial, obliga al intérprete y por lo tanto al operador judicial a distinguir los "momentos procesales de la prueba", también conocidos como el iter o el sendero probatorio.

Requisitos Intrínsecos

El decreto de la prueba debe estar antecedido de la verificación de los requisitos de conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba.

Conducencia

La conducencia es la idoneidad del medio de prueba para demostrar lo que se quiere probar y se encuentra determinada por la legislación sustantiva o adjetiva que impone restricciones a la forma como debe celebrarse o probarse un determinado acto jurídico (elementos ad substatiam actus y ad probationem). Así, por estar regulada la compraventa como un contrato solemne y la tradición como el modo de adquirir dominio, no podrá demostrarse el derecho real que se tiene sobre la cosa inmueble sino mediante la exhibición de la escritura pública (título), debidamente registrada (modo). Tampoco podrá demostrarse el testamento por documento distinto de la escritura (salvo norma en contrario), ni el matrimonio por instrumento diferente al acta o la partida eclesiástica, o la unión marital por medio distinto que la sentencia, el acta de conciliación o la escritura pública . La conducencia, en palabras de ROJAS , es un rezago de tarifa legal probatoria, pues limita la posibilidad de aportar al proceso cualquier medio que sirva para demostrar la ocurrencia de un hecho.

Pertinencia

Inutile est probare quod probatum non relevant y frustra probatum non relevant. La pertinencia demuestra la relación directa entre el hecho alegado y la prueba solicitada . Bien puede ocurrir que una prueba sea conducente para demostrar un hecho determinado, pero que, sin embargo, no guarde ninguna relación con el "tema probatorio". Son ejemplos de pruebas impertinentes las que tienden a demostrar lo que no está en debate, como el padre que alega no pagar alimentos a su hijo porque la madre sostiene relaciones con otro, y para ello pide testimonios que acreditan su afirmación. Como lo debatido no es la relación entre padre y madre, sino el deber de pagar alimentos, la prueba, aunque conducente para demostrar una relación sentimental entre la madre y un tercero, resulta impertinente para demostrar inculpabilidad frente al deber de pagar alimentos.

Utilidad

En desarrollo del principio de economía, una prueba será inútil cuando el hecho que se quiere probar con ella se encuentra plenamente demostrado en el proceso, de modo que se torna en innecesaria y aún costosa para el debate procesal. Para que una prueba pueda ser considerada inútil, primero se debe haber establecido su conducencia y pertinencia. En virtud de este principio, serán inútiles las pruebas que tiendan a demostrar notorios, hechos debatidos en otro proceso o hechos legalmente presumidos.

Subtema

Publicidad

Publicidad: Una prueba no conocida es una prueba inexistente. La publicidad, como garantía del derecho de defensa, exige que las pruebas, tanto las aducidas como las practicadas, sean conocidas por las partes, quienes tienen derecho a controvertirlas mediante mecanismos legales y oportunos. En desarrollo de ciertos procesos, no obstante, se legitima el decreto y práctica de ciertas pruebas que tienden a verificar hechos que son materia de actual investigación, tales como la interceptación de correspondencia y de comunicaciones o el allanamiento con fines de registro y recolección de evidencias.

Concentración

Reza el artículo 110 del Código de Procedimiento Civil, tal y como quedó modificado por el artículo 13 de la Ley 794 de 2003: "Cuando su número, naturaleza o complejidad lo hagan necesario, el juez señalará de una vez fechas continuas e inmediatas para las audiencias y diligencias que deban practicarse, con el fin de que haya mayor concentración de ellas. En los casos indicados, cada audiencia o diligencia tendrá una duración mínima de tres horas, salvo que antes se agote el objeto de la misma. Cuando no sea posible concluir la diligencia o audiencia el mismo día de su iniciación, el juez deberá, antes de cerrar la audiencia, señalar la fecha más próxima para continuarla." En igual sentido se pronuncia el artículo 424 de la Ley 906 de 2004, que determina: "La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure el fenómeno que ha motivado la suspensión. El juez podrá decretar recesos, máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele comparecer coactivamente. Si el término de suspensión incide por el transcurso del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez."

Inmaculación

Non nisi parendo vincitur natura. A la naturaleza no se le vence más que obedeciéndola. La prueba debe llegar al proceso en su estado original, pura, inmaculada. Por ello, las legislaciones modernas se han preocupado por regular los procesos de identificación, recolección, embalaje, transporte y manipulación de aquellos elementos que sirven de sustento a la actividad judicial. Los hechos, afirma DELLEPIANE, dejan huellas, rastros y vestigios, que nosotros llamamos "evidencias". De la recolección de tales evidencias es que se obtiene la prueba, y es entonces cuando adquiere especial relevancia el proceso mediante el cual tales huellas y vestigios han de ser "manipulados" para ser ofrecidos al juez y admitidos por este en un proceso judicial. Son enemigos de la prueba la naturaleza, el tiempo y el hombre. Hasta ahora, el mayor enemigo de la prueba es el hombre. Es él, quien por su inexperiencia o bien por su curiosidad, o ambas, destruye la integridad de la prueba. A veces el impedimento de conservación proviene de la propia ley, que limita su producción inmediata, tal y como ocurre con la regulación que sobre la declaración de terceros trae el Código de Procedimiento Civil, el cual prohíbe que los testimonios de quienes les consta o pueda constarle un hecho determinado, sean recepcionados antes del proceso como prueba extrajudicial y anticipada (C.P.C. Art. 298, según el cual "podrá pedirse que se reciban testimonios anticipados únicamente a personas que estén gravemente enfermas").

Carga de la prueba

Autorresponsabilidad, carga o incumbencia probatoria Citado por PARRA , el principio de autorresponsabilidad se encuentra consagrado en el artículo 177 del actual Código de Procedimiento Civil, según el cual "incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que aquellas persiguen". Según este principio, es a la parte a quien incumbe aportar al proceso las pruebas de sus alegaciones y de las normas que establecen los efectos perseguidos, y, por lo tanto, es a la parte a quien le corresponde sufrir las consecuencias de su propia inactividad. Onus probando incumbit actori: Corresponde al actor probar. Reus in excipiendo fit actori: El demandado que excepciona, ocupa la posición del demandante.

Carga Dinámica. Si es el demandado quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar determinados hechos, será a él a quien le corresponda acreditarlos y no al demandante. Así lo manifestó el Consejo de Estado en sentencia del 24 de febrero de 2005, con ponencia del Magistrado RAMIRO SAAVEDRA BECERRA: "…el llamado principio de las cargas dinámicas (…) encuentra su fundamento en las normas constitucionales que consagran el principio de equidad, toda vez que en algunas ocasiones éste puede verse vulnerado por la exigencia hecha a la parte actora de aportar determinadas pruebas al proceso dada su dificultad; y por lo mismo, supondría la inaplicación, en tales eventos, de la norma procesal civil que consagra a su vez, el principio del onus probandi. Sin embargo, en otros casos es la parte actora la que está en condiciones de aportar los medios de convicción pertinentes, por lo cual resulta innecesaria la inversión de la carga de la prueba que conlleva la presunción de falla del servicio; opera entonces el principio de la carga dinámica de la prueba, en virtud del cual si es el demandante quien se encuentra en mejores condiciones de demostrar determinados hechos.". En sentencia del 10 de julio de 2004, la misma Sala de lo Contencioso Administrativo, había reconocido con base en este principio del dinamismo, la existencia de otro denominado probabilidad preponderante. En la sentencia aludida, la sala expresó que "en algunos eventos no se requerirá que la prueba aportada por el demandante genere certeza sobre la existencia de la relación causal, pues en consideración a la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos en ella involucrados, el juez puede darla por establecida con la probabilidad preponderante de su existencia.". Probabilidad Prevalente. La regla de la probabilidad prevalente y la carga dinámica tiene sustento en el cálculo de las probabilidades, ciencia que estudia la ocurrencia de los fenómenos desde una perspectiva matemática. Un hecho, es decir, su ocurrencia, puede verificarse sólo si es posible. La posibilidad responde a la pregunta ¿pudo ocurrir? Esta pregunta suele encontrar respuesta en la lógica (aquella que tiene como única restricción la que lleva a contradicción manifiesta en sí misma), la física (que no contradice a las leyes naturales) y la técnica (aquella que permite su verificación mediante mecanismos de contrastación). Determinada la posibilidad, nace la probabilidad, en otras palabras, la posibilidad es presupuesto de probabilidad. La determinación de la probabilidad puede medirse en escalas de 0 a 1 o de 1 a 10. Para ello, un ejemplo simple: A un concurso de talentos se presentan 10 personas, todas con iguales aptitudes. Cada concursante tiene una sola oportunidad para presentarse ante el jurado y con ello, su probabilidad de ganar será de 10 a 1. Al iniciar el concurso dos de los participantes se retiran, quedando tan sólo 8, es decir, la probabilidad de ganar aumenta, ya que no será de 10 a 1, sino de 8 a 1. Al cabo de un rato, tres competidores más se retiran, lo que deja tan sólo 5. Tres de ellos son descalificados por el jurado, con lo cual quedarán 2 competidores, lo que arroja una probabilidad cercana, en una escala de 0 a 1, al 1 y en una escala del 1 al 10, a 10..

Etapas probatorias

El iter o camino, es el sendero que debe recorrer la prueba para que pueda ser valorada en la sentencia o en la providencia, pues si bien se admite que la decisión debe fundarse en medio de prueba, también se admite que la valoración no es el resultado del capricho del juez. Del principio de necesidad podemos citar las siguientes reglas: 1. No podrá valorarse la prueba que no fue pedida en tiempo, decretada legalmente y practicada en debida forma; 2. No podrá practicarse la prueba que no fue legalmente decretada; 3. No podrá decretarse la prueba que no fue oportunamente pedida o aportada o que, además, sea inconducente, impertinente o inútil, y; 4. No podrá pedirse o aportarse la prueba en oportunidad distinta que la prevista en la ley. Las anteriores reglas obedecen a cada una de las etapas del iter probatorio, como son: 1. Petición y aporte; 2. Decreto; 3. Práctica y; 4. Valoración.

Petición. Petición y aporte: Etapa petitoria Le corresponde a las partes pedir al juez que decrete las pruebas que apoyen sus alegaciones. Tal petición debe respetar momentos procesales en los cuales se permita la "socialización" del medio probatorio, en cumplimiento del deber de lealtad que rige el sistema procesal vigente. Se aporta lo que se tiene, se pide lo que debe producirse. Son ejemplos de pruebas que se aportan los documentos y las cosas que están en poder del demandante o del demandado. Son ejemplos de lo que se pide, aquello que debe ser producido por el juez o con su permiso, como son los testimonios, los interrogatorios, la interceptación de comunicaciones, los registros o los peritajes. Por regla general, la petición o el aporte de pruebas se realiza en la demanda y su contestación, a menos que la ley procesal disponga de otras oportunidades.. Decreto. Decreto: Etapa ordenatoria El decreto es, en suma, la autorización que imparte el juez a una prueba, que bien ha sido pedida o aportada, para que ingrese al debate procesal. Sin el decreto, la prueba es ineficaz y aún nula, pues hace parte del proceso de socialización, mediante el cual se da publicidad y por supuesto se garantiza contradicción, la cual podrá ser concentrada o difusa como más adelante se explicará. Para decretar una prueba, sin embargo, no basta con que la parte la haya aportado o pedido en tiempo; se requerirá además, que cumpla con unos requisitos que la doctrina ha denominado "intrínsecos" que garantizan su posterior eficacia, como son la conducencia, la pertinencia y la utilidad.. Práctica. Práctica de la prueba. Se practica lo que no se tiene. La práctica, como se dijo, es el resultado del decreto y por lo tanto no se podrá practicar lo que no ha sido autorizado por el juez. En la práctica se asegurará siempre publicidad y contradicción, aspectos ambos que explicaremos más adelante en este mismo módulo.. Valoración. Por regla general, la valoración se realizará en la sentencia o en el auto que le ponga fin a una determinada actuación. La valoración es análisis que el juez realiza sobre el mérito de convicción de la prueba, pero, como afirmamos, el proceso de valoración comprende dos aspectos igualmente importantes para la formación del convencimiento y son: 1. La legalidad de la prueba, en la medida en que haya sido debidamente rituada en el proceso, y; 2. Eficacia. El mérito de convicción que ofrezca la prueba sobre la ocurrencia del hecho. La eficacia puede derivar de la imposibilidad de desconocer el valor probatorio de ciertos actos, como lo dicho en documento auténtico o público. DEVIS afirma que son enemigos de la valoración probatoria la ignorancia, la pereza intelectual, el desconocimiento de la jurisprudencia y la doctrina, la falta de asesoría de expertos, la simpatía o antipatía, la suficiencia de la primera impresión, la ausencia de clasificación, la omisión u olvido en el examen de cada una de ellas y el estudio individual por sobre el estudio en conjunto..

Comunidad

La prueba le pertenece al proceso y no a la parte que la aporta, aún cuando le desfavorezca. El proceso se estructura como un colectivo de sujetos que acuden al debate en procura de la solución de un conflicto. Por ello, cuando la prueba se socializa, ya no pertenece a quien la aporta sino a toda la comunidad , aún en el evento en que lo aportado no le favorezca a quien lo aportó. El principio de comunidad impide, entonces, que una vez la prueba haya entrado válidamente al proceso pueda ser retirada por las partes, salvo que su eficacia o poder de convicción estén garantizados. Por ello, al estudiar las reglas relativas al retiro físico de documentos que obran en el expediente (desglose), encontramos que el estatuto procesal civil trae algunas previsiones que garantizan el principio, tales como la exigencia de la preclusión de la oportunidad para tacharlos de falsos, la imposibilidad de hacer entrega del título de cobro al deudor, cuando no ha pagado la obligación (art. 117-1) o al acreedor cuando ya se hubiere cancelado (117-3) y la imposibilidad de renunciar al testigo cuando ya hubiere iniciado el interrogatorio.

Contradicción

El principio de contradicción tiene soporte constitucional directo en el artículo 29. En él descansa la legitimidad de toda la actuación judicial y, en general, estatal. Una prueba no controvertida es una prueba incompleta; una prueba no controvertida es una prueba írrita; por lo tanto, una prueba no controvertida, es una prueba nula. El ejercicio del derecho a controvertir se materializa a lo largo del proceso y en todas sus etapas, para lo cual las partes tienen derechos y deberes frente a la prueba y frente a los demás sujetos procesales, en la medida en que respeta otros principios de igual jerarquía, como son el de publicidad, eventualidad, preclusión e igualdad. Dos, son pues, las alternativas ofrecidas a la parte contra quien se aduce una prueba para controvertirla, según la naturaleza de la prueba y según el momento procesal en que esta produzca, aduzca o asuma, y son: 1. La contradicción concentrada y; 2. La contradicción difusa.

Concentrada. Contradicción concentrada Por concentrado entendemos lo que se realiza en una misma audiencia o diligencia. El ejercicio concentrado de contradicción es, entonces, aquel que se realiza en el momento mismo en que la prueba se está produciendo, practicando, es decir, una contradicción directa, in situ, coetánea a la recepción o producción. Son ejemplos de contradicción concentrada la que se realiza al participar del interrogatorio al testigo, la participación en la inspección judicial, la intervención en la elaboración del dictamen pericial, presenciando la recolección de muestras, evidencias o información por parte del perito y el interrogatorio a este en el proceso oral y, en general, la asistencia personal a las audiencias y diligencias en las cuales se practican pruebas o se adoptan decisiones.. Difusa. Contradicción difusa Es aquella que se realiza en las demás etapas del proceso judicial, desde la demanda y hasta en la formulación de los recursos extraordinarios de casación y revisión. Son ejemplos de este ejercicio la oposición que se hace en la contestación de la demanda al decreto de las pruebas solicitadas por el demandante, el recurso de reposición que se interpone contra el auto que decreta pruebas o el de apelación contra el que las niega, la tacha de falsedad material de documentos cuando estos son aportados en la demanda, en las audiencias o en las diligencias, la contradicción al dictamen pericial en todas sus formas, cuando este es presentado en proceso escrito , los alegatos formulados en la instancia o en el trámite del recurso de apelación, y en general, toda controversia que se realice frente a las pruebas, en oportunidad distinta a la práctica o la asunción..

Inmediación

El principio de inmediación obliga al juez a estar en permanente contacto con la prueba, a recaudarla personalmente, a presenciarla, a controlarla. La inmediación garantiza que el juez se familiarice con el medio, que se permee del hecho que antes le era desconocido, para así poder valorarlo. La inmediación garantiza otros principios como son la originalidad y la inmaculación, en la medida en que permite al juez percibir directamente (originalidad) aquello que le desvela la verdadera ocurrencia de un hecho y a la vez impide que lo recaudado o producido se altere (inmaculación). LEIBLE afirma: "El hoy vigente principio de inmediación en el procedimiento procesal civil no es un sobreentendido. Hubo ordenanzas de procedimiento, en que la reunión del material fáctico estaba encomendada a otro tribunal diferente del de la decisión. Tal regulación priva al tribunal interviniente de impresiones esenciales, que se derivan del contacto inmediato con las partes y los medios de prueba, como en la declaración de testigos. El mejor servicio para el descubrimiento de la verdad se logra primordialmente, cuando el tribunal interviniente recoge por sí mismo las informaciones que necesita para su decisión."

Mismidad u originalidad

En el proceso judicial se debe procurar porque la prueba que se ofrezca sea aquella que tenga una relación directa con el hecho y no la que lo indique. Por lo tanto, en desarrollo de este principio se preferirá el documento original que el autenticado, el testigo a quien le consta, que el testigo de referencia (ex auditur), el archivo digital que la impresión de su contenido. A veces, por razón de las nuevas tecnologías, al juez se le dificulta la labor de identificar lo que es original de lo que no lo es. Tal es el caso de la evidencia digital o electrónica, regulada en Colombia desde 1999 con la ley 527, que de poco o ningún entendimiento ha gozado por los operadores judiciales y sus auxiliares, quienes a veces confunden lo que es un archivo digital, una firma digital, una firma electrónica, una mecánica o la simple impresión que de ellos se realice.

Principio dispositivo

El principio dispositivo, denominado en el derecho alemán como la máxima de disposición o dispositionsmaxime de la prueba predomina en el proceso civil y ahora en el penal. Son reglas que definen este sistema: a) El juez no puede iniciar las actuaciones de oficio ; b) Las partes aportan y piden las pruebas, no pudiendo hacerlo el juez, ni aún en caso de duda (iudex iudicet secundum allegata et probata partium); c) Los hechos confesados por las partes se deben tener por ciertos, y; d) La sentencia debe estar en consonancia con los hechos, las pretensiones y las excepciones (congruencia)

Principio Inquisitivo

Bajo este sistema, el juez tiene la carga de investigar, de averiguar, de producir la prueba y de encontrar el hecho, pues lo que se busca es la verdad material, y para ello utiliza sus poderes oficiosos. La oficiosidad, es, sin duda, la protagonista de este sistema, pues permite al juez iniciar el proceso e impulsarlo, convocar a las partes e interrogarlas, decretar pruebas y practicarlas y dictar la sentencia conforme a lo probado, sin consideración a lo pedido o alegado. Puede afirmarse que la "inquisición" es tanto un sistema como un principio.

Duda

Una duda deriva de la oposición de dos tesis igualmente aceptables en torno a la ocurrencia de un hecho. Para ello es necesario que existan igual número de pruebas, de igual poder de convicción, en favor de dos hipótesis frente a un mismo hecho. Tal circunstancia, de difícil ocurrencia, solo se presenta cuando en el proceso: 1. Hay dos o más hipótesis fácticas; 2. Se practicaron pruebas a favor de todas las hipótesis; 3. Al valorar las pruebas resultan demostradas tanto las una como las otras. En este caso se deberá resolver: 1. A favor de la hipótesis que resulte, además de posible, más probable (escala probabilística de 0 a 1: ver capítulo sobre la probabilidad prevalente o preponderante); 2. A favor del demandado si se trata de proceso civil, salvo que, a partir del cálculo de probabilidades, la carga se invierta por razón de la hipótesis fáctica del demandante; 3. A favor del demandante, si se trata de proceso laboral, siempre que el demandante sea el trabajador; 4. A favor del sindicado si se trata de proceso penal; 5. A favor del administrado si se trata de proceso fiscal (tributario).

Rogación

Carácter rogado de la jurisdicción Da mihi factum et dabo tibi ius. "Dadme los hechos y yo te daré el derecho". Pero, ¿qué derecho? solo el que me habéis pedido. Es el principio de la congruencia, que limita al juez a pronunciarse exclusivamente sobre lo que se le ha llamado a resolver y para lo cual ha sido investido de jurisdicción y, además, de competencia. El principio de congruencia informa igualmente otro de carácter constitucional que es la no reforma en perjuicio, antes tratada en este mismo escrito.

Libertad probatoria

El principio de libertad, en oposición al tarifario legal, permite al juez formar su convencimiento con el recurso de cualquier medio de prueba, siempre que no se oponga a la naturaleza del proceso, que no esté prohibido por la ley o la Constitución y que sea idóneo para demostrar el hecho alegado. En cuando a la naturaleza del juicio, podemos afirmar que, en términos generales, existen dos tipos de procesos, según lo que en ellos se pretenda demostrar y son el constructivo y el reconstructivo. El primero es común en la averiguación penal, pues con él se busca encontrar tanto lo que pasó como lo que aún está sucediendo, en virtud de la necesidad, tanto de sancionar, como de evitar la continuidad del delito. El segundo es propio de los conflictos civiles, laborales y contenciosos, donde lo que se busca no es prevenir, sino reconstruir unos hechos que fundamentan las pretensiones de las partes. En tal virtud, lo que es libre en un proceso no lo será para otro, tal y como ocurre, por ejemplo, con ciertos medios probatorios que, siendo admisibles en el proceso penal, no lo son en el proceso civil, tales como el allanamiento con fines de registro, la interceptación de comunicaciones y la interceptación de correspondencia.