Para una mejor realización de esta tarea, voy a proponer diferentes parámetros con el fin de realizar un cotejo entre los distintos sistemas previsionales que ya revisé.
Sistema Previsional utilizado.
El sistema utilizado en Chile, como ya señalé, es de Capitalización Individual, el que establece una contribución definida y obligatoria para los trabajadores dependientes, a cargo de una entidad privada Administradoras de Fondos de Pensiones, sociedades anónimas, que llevan a cabo todo el proceso de cobro de los dineros y posterior entrega de beneficios.
Por su parte, en Perú, existe un sistema de capitalización individual, administrado por las AFP, en rasgos generales, es igual al sistema utilizado en Chile. La gran diferencia se produce, porque en Perú, sigue coexistiendo el sistema antiguo, el de reparto, el que se caracteriza por ser financiado por los trabajadores activos, quienes mediante sus aportes, pagan las jubilaciones de los trabajadores ya retirados. Es por esto, que cada trabajador tiene la posibilidad de elegir la forma o sistema previsional que más le acomode.
Por último en México, también se desarrolla un sistema muy parecido al chileno, vale decir, de capitalización individual, administrado por sociedades anónimas que en se llaman AFORES, la diferencia se encuentra, en que en los otros dos países, son sólo los trabajadores los que aportan a su cuenta individual, en esta nación, además de ellos, aporta el Estado y los empleadores, también llamados patrones. Además las AFORES, comparten la tarea de inversión de los aportes con las SIEFORES, sociedades anónimas, que son creadas específicamente para desarrollar la tarea anteriormente dicha.
Contribución definida.
En Chile, la obligación de cada trabajador es cotizar el 10% de sus remuneraciones y rentas imponibles, con un tope de 70,3 Unidades de Fomento al encontrarse afiliado a una AFP, con esto el trabajador, tendrá derecho a una pensión al cumplir los 60 años, en el caso de las mujeres, y a los 65, en el de los hombres. Además de esto, cada uno de sus afiliados debe pagar una comisión a la AFP, que en promedio es el 1,55% del sueldo. El afiliado en cualquier momento puede realizar aporte voluntarios, que lo ayudan a aumentar su fondo al momento de jubilar.
En el caso de Perú, se debe distinguir, puesto que por su parte en el Sistema Nacional de Pensiones, el asegurado debe realizar un aporte del 13% de su sueldo. Los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, deben contribuir con el 10% de sus salarios, además de pagar dos comisiones, a la AFP por la administración de los fondos y también la comisión para pagar la póliza del seguro de invalidez y sobrevivencia, que entre los dos suman otro 3% más del sueldo. En este último sistema, se pueden realizar, en cualquier momento, aportes voluntarios de cada trabajador. En ambos sistemas, los trabajadores pueden jubilarse sólo al cumplir 65 años de edad y haber cotizado por al menos 20 años70.
Finalmente en México, cada trabajador sólo debe cotizar el 1,125% de su sueldo base, esto cada dos meses, además, puede realizar aportes voluntarios los que se suman a los obligatorios y ayudan a incrementar los rendimientos al momento de la jubilación del trabajador.
Beneficios otorgados
En relación a los beneficios que se conceden en cada país, podemos señalar que en Chile, el sistema provisional, contempla cuatro tipos de pensiones, las cuales son:
En el Sistema Nacional de Pensiones de Perú, las prestaciones otorgadas son la jubilación, el seguro contra la invalidez, la pensión por viudez, la pensión por orfandad y ascendencia. Por su parte, en el Sistema Privado de Pensiones, las AFP sólo establecen tres tipos de prestaciones: la pensión de jubilación, la pensión de invalidez y la pensión por fallecimiento.
Por último, en México, las AFORES otorgan sólo dos beneficios a sus afiliados, el primero es el Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, y el segundo es el Seguro de Retiro.
Resultados de cada sistema
En relación a este punto, los distintos sistemas aparecen con diferencias notorias, pero ninguno es el óptimo para cumplir con los principios de la seguridad social.
En Chile la Superintendencia de Pensiones, presentó los resultados del segundo semestre del año 201672 respecto a los afiliados al sistema y a los jubilados del mismo. En ellos podemos destacar que se concluye que mientras más años cotice un trabajador, mejor será su pensión de vejez, en donde realmente se ve un alza en las cifras es cuando un trabajador se retira con un mínimo de 30 años trabajados. La pensión promedio para este tipo de afiliado fue de 16,53 UF, es decir, alrededor de $440.000 pesos chilenos. En cambio, los trabajadores que jubilaron con entre 1 y 5 años cotizados, obtuvieron un monto de pensión de 3,12 UF, correspondiendo sólo a $82.000.
Por otra parte, en Perú los resultados del sistema, han sido muy parecidos a los que se han logrado en nuestro país, ya que según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP75 del país vecino, la pensión promedio que recibieron los jubilados el año pasado fue de 1139 soles, los que corresponden a alrededor de $220.000 pesos chilenos. Los trabajadores que se jubilaron anticipadamente, recibieron por su parte, 778 soles en promedio, lo que equivale a alrededor de $150.000 pesos de la moneda nacional.
Finalmente los resultados en México, son mucho más desalentadores, puesto que la tasa de reemplazo en este país es del 31%, siendo el segundo país latinoamericano en entregar las peores pensiones del continente76. Los malos resultados de las Afores se debe a que el aporte que realizan los trabajadores en su vida laboral, es demasiado bajo, ya que sólo aportan el 6,5 de sus sueldos, además del aporte de los patrones y del estado, pero en conjunto, no es suficiente para asegurar un monto razonable al momento de la jubilación.
Como ya hemos revisado, se hace imperiosa la necesidad de un cambio o mejoramiento importante del sistema previsional chileno, ya que no cumple con los principios de la seguridad social y no otorga beneficios dignos para los jubilados de nuestro país.
Es muy importante señalar, que una de las propuestas más obvias sería implementar nuevamente un sistema de reparto, esta vez mejorando los errores del pasado. Esta idea, no está exenta de críticas, teniendo dentro de las principales, las siguientes:
Los beneficios, ni el nivel de cotización eran estandarizados, ni se sabía ciertamente cuales y cuanto recibirían los trabajadores al momento de jubilarse, ya que se decía, que dependía mucho de la presión que ejerciera el sector económico al cual pertenecía el trabajador, y a la caja correspondiente. No estaba claro, la relación entre lo aportado durante la vida laboral activa del trabajador y lo que iba a recibir al momento de la jubilación, ya que existía mucho desorden.
El aporte estatal, representada un gasto excesivo para el estado, ya que este aportaba el 40% del total de lo entregado en pensiones.
En el sistema de reparto, sólo reciben pensión quienes cumplan con un mínimo de aportes, en cambio, en el sistema de capitalización individual se le otorga pensión a sus afiliados sin importar la densidad de las cotizaciones del trabajador. El sistema anterior, exigía un mínimo de 10 años cotizados para entregar una pensión, si eso lo traemos a la actualidad, un 50% de los cotizantes de las AFP, no cumpliría con este requisito, por lo que si se volviera al sistema antiguo, habría que tener muy en cuenta esto.
El sistema de reparto, depende en gran medida de la población que se encuentra trabajando activamente, ya que es con sus recursos que se mantiene a la población pasiva, ya jubilada. La población chilena, tiene un envejecimiento que se ha sostenido en el tiempo, por lo que es difícil implementarlo con estas condiciones, puesto que sería imposible sostenerlo.
En el sistema de reparto, el Estado tiene un rol muy protagonista, ya que subsidia en gran medida las pensiones, esto era o que sucedía en el pasado en el país, dándole a los jubilados una falsa seguridad, ya que el dinero que invertía en este ámbito, era restado de políticas públicas tan importantes, como de educación y salud, o se sacaba de ahorro fiscal, lo que en ambos casos, significaba un retroceso para el país.
En el otro extremo, tenemos a los que señalan que el sistema de capitalización individual, administrado por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones AFP, debería desaparecer, esto debido a lo que ya he señalado anteriormente, como resultados del sistema y específicamente por las siguientes razones:
En primer lugar, el sistema actual, fue hecho durante un gobierno militar, en el cual no existió ninguna discusión ciudadana para su desarrollo, tampoco se escuchó a las partes, es decir, a los trabajadores y empleadores, por lo tanto, es un sistema bastante antidemocrático, que se implantó mediante el temor, que existía en esos tiempos, en el país.
Por otra parte, en Chile, no existe el aporte de los empleadores, para que los trabajadores tengan una jubilación digna, esto porque se favoreció el libre mercado y las ganancias de los empresarios, en contraposición al bienestar social.
El sistema de las AFP, no se basa en la Seguridad Social como tal, como lo hace el sistema de reparto, que tiene como cimiento la solidaridad, al financiar las pensiones de la tercera edad con lo aportado por los trabajadores activos. El actual, en cambio, impulsa el lucro y mercantilización de los ahorros previsionales de sus afiliados, si siquiera generar ganancias reales para ellos.
El sistema de AFP, se encuentra diseñado y normado de tal manera que las empresas administradoras nunca pierdan dinero, siempre tengan números positivos, pero eso no se traspasa a los afiliados, quienes si han tenido que soportar perdidas de sus ahorros, no existiendo la obligación de la AFP, de hacerse cargo de ello. Es un sistema muy perverso, puesto que deja en completa indefensión a los trabajadores.
En el sistema actual existe una constante y grosera discriminación contra la mujer, la cual es aceptada por el Estado, puesto que la esperanza de vida es más alta para ellas, se calcula un monto de pensión más bajo, para que alcance para el exceso de vida que ellas tienen, en comparación con los hombres, por lo tanto, se le obliga a las mujeres a tener un estándar de vida más bajo, por el sólo hecho de su género, ya que nadie es capaz de asegurar el momento de fallecer de cada persona.
Otro punto importante, en este sentido, es que al aumentarse la esperanza de vida de las personas, lo cual se realizó por petición de las AFP, se divide en más tiempo el monto ahorrado para la pensión, por lo que el resultado trajo consigo pensiones más bajas. Vivir más no debería ser un problema, sino que por el contrario, debiera ser un incentivo, para disfrutar la tercera edad, pero esto no es posible, ya que con el sistema actual, sólo se busca lucrar y se olvida, muchas veces, del derecho social, que lleva intrínseco el sistema previsional.
Otra muestra clara de discriminación del sistema de las AFP, tiene que ver con que las Fuerzas Armadas, de orden y Seguridad y Carabineros, se encuentran fuera de él, manteniendo un régimen que se sustenta con las imposiciones y los dineros que aporta el Fisco.
Por último, el sistema de pensiones, nunca ha cumplido con la tasa de reemplazo que se prometió en sus inicios, alrededor del 70% del monto de los últimos sueldos, ya que en la actualidad esta llega solo al 35% en promedio y esto se prevé que será aún peor “Un 50% de los pensionados entre los años 2025 y 2035 obtendrían tasas de reemplazo igual o inferior al 15% del ingreso promedio de los últimos 10 años”78
La mayoría de las personas que ya que se han pensionado mediante este sistema, lo han hecho de manera adelantada, endosando sus ahorros a alguna compañía de seguros, la que rebaja considerablemente el monto de las pensiones, perdiendo incluso, los trabajadores, su propiedad sobre los dineros, es decir, en caso de muerte, sus hijos y cónyuge no conservan ningún derecho sobre los dineros que restan por recibir.
Como ya nos hemos dado cuenta, no existe consenso en la solución que existe para remediar el problema que se produce con las AFP y las bajas pensiones que estas empresas otorgan a los jubilados.
Algunos incluso, han planteado la creación de una AFP estatal, pero eso no es una solución al problema, ya que igual que el Banco Estado, estaría bajo las mismas condiciones de su competencia y no tendría facultades especiales ni normativas específicas, que la obligaran a mejorar los rendimientos de los ahorros de los cotizantes.
Para mi es claro, el sistema está mal desde sus cimientos, ya que primero no cumple con la función principal de la seguridad social, que es amparar a las personas que se encuentran en estado de necesidad, sin otorgar pensiones suficientes a los jubilados. El sistema actual posee un elevado nivel de riesgo y además, castiga a los trabajadores que no poseen capacidad de ahorro, mantiene la desigualdad y refleja la sociedad injusta, que debe corregirse y no solamente, como se ha hecho hasta ahora, contemplar.
En segundo lugar, no cumple con criterios mínimos de discusión, en torno a la base del sistema, ya que fue hecho en un gobierno militar, en que ninguno de los actores participantes pudo opinar o plantear alguna idea, lo que le resta toda legitimidad ciudadana, puesto que no hubo ni la más pequeña intervención en la ley que la establece. Por otro lado, se le hizo una publicidad groseramente engañosa al nuevo sistema, engañando a la mayor parte de los trabajadores, que en ese momento creyeron que lo mejor era cambiarse al sistema de las AFP.
La Seguridad Social, se debe hacer cargo de entregar prestaciones dignas y que sean suficientes, no mediante el lucro de sociedades anónimas creadas para administrar estos dineros, para esto, debe tener como centro la solidaridad, es decir, el esfuerzo en conjunto de la comunidad completa en la tarea.
Es de tal importancia, el derecho a la Seguridad Social que se encuentra plasmado en la Declaración de derechos Humanos de 1948 y el pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de San José de Costa Rica de 1966. Acuerdos firmados y ratificados por nuestro país, que hoy se encuentra en constantes incumplimiento debido al sistema de pensiones actual.
Tal como ya he señalado anteriormente, ambos sistemas presentan aspectos negativos y positivos, los que deberían ir corrigiéndose en el futuro. Para mí lo correcto es que convivan ambos sistemas, es decir, que en nuestro país, debería modificarse el sistema de capitalización individual, administrado por las AFP, pero al mismo tiempo debería implementarse un sistema de reparto. Esto, para que los trabajadores, pudieran tener una libre elección, en relación al sistema previsional que más les acomode.
Para que esto resulte de buena manera, es necesario que las Administradoras de Fondos de Pensiones, sean sometidas a una reforma profunda, tomando como principales medidas las siguientes:
En primer lugar, las pérdidas en los dineros de cada trabajador deberían ser asumidos por las AFP, es imposible que un servicio que es pagado, traslade todas las pérdidas a sus contratantes, sin asumir nada la empresa prestadora. Se llevan elevadas comisiones de todos los trabajadores que cotizan en el sistema, pero no existe ninguna consecuencia por el servicio ineficiente que prestan. Esto se haría aboliendo la Ley 19.641 de 1999, en la cual se establece que el promedio de rentabilidad de ser un promedio de un período de 12 meses, pasa a ser un promedio de 36 meses, donde se hace más fácil, coordinar las bajas rentabilidades entre las AFP, trayendo como consecuencia, que nunca se llega a compensar a los afiliados por las pérdidas o por las bajas ganancias.
Otra de las medidas que se debería tomar, es bajar las comisiones que se les cobra a los trabajadores, por parte de las AFP, para administrar sus fondos, ya que con solo este cobro reciben utilidades millonarias, lo que se traduce en que no tengan mayores estímulos para esforzarse y hacer un buen trabajo, aumentando los ahorros de sus cotizantes. Es imperativo, prohibir toda comisión anexa cobrada por las AFP, en específico, se debe prohibir la comisión que cobran estas empresas por pensiones de Retiro Programado.
Es necesario, que se agregue una cotización por parte del empleador, como se hace en todos los países del mundo, un 5% sería lo ideal, ya que aumentaría considerablemente los ahorros del trabajador. Esto se podría implementar paulatinamente, para que no repercuta en el desempleo.
Se debe crear un mecanismo para terminar con la discriminación hacia la mujer. La diferencia de edad al jubilar, se instauró en el antiguo sistema de repartos, como un “premio” a las mujeres por la maternidad, por eso se retiran 5 años antes. Al ser un sistema de repartos, no era una carga ellas, puesto que no se les castigaba por ahorrar 5 años menos, si no que por el contrario, se les premiaba con dejar el trabajo activo 5 años antes. Pero al momento, de cambiar de sistema, no fue previsto, que ese tiempo iba a ir en completo desmedro del monto que pudieran recibir las mujeres al pensionarse. Es por esto, que existen dos formas para mejorarlo, la primera es que ambos sexos jubilen a la misma edad, y la segunda es que a la mujer se le debería dar un bono que fuera directamente a sus ahorros previsionales, por cada hijo que ella tenga, esto como una forma de amortiguar las grandes diferencias entre los montos que reciben hombres y mujeres de pensión.
Se debe mejorar el Pilar Solidario, ya sea aumentando el presupuesto y ampliando los beneficiarios, ya que aún no se cumple con lo mínimo, que es darle una pensión digna, al sector más pobre de nuestro país. En nuestro país aún viven abuelos, bajo la línea de la pobreza, habiendo trabajado toda su vida, y es más, muchos de ellos deben seguir siendo trabajadores activos, ya que de otra forma no se pueden mantener.
Los sistemas previsionales de los trabajadores perteneciente a las Fuerzas Armadas, de orden y Seguridad y Carabineros, se deben igualar a la de los trabajadores civiles, puesto que lo que ocurre hoy en día es del todo discriminatorio y es necesario remediar.
Como ya señalé anteriormente, la mayoría de los trabajadores, que ya se han pensionado en el sistema de las AFP, lo han hecho adelantadamente, haciéndolo mediante una empresa de seguros, la cual se compromete a 65 entregar una cantidad de dinero cada mes, a cambio de que el trabajador le traspase todos sus ahorros a esta empresa. Los montos que entrega la aseguradora, son bajísimos y además, le quita toda propiedad al afiliado sobre sus ahorros. En este punto, es necesario, que el Estado intervenga a favor de los trabajadores, ya que estas empresas deberían entregar montos más altos, y no tener tanta ganancia, es imperativo que se legisle sobre esta situación y que pueda encontrarse una solución más favorable, para aumentar la jubilación de los trabajadores que eligen este mecanismo.
Por último, lo más importante es que el Estado cumpla su rol de supervisar el cumplimiento de la legislación que norman todo el sistema previsional. El Estado debe ser un garante del cumplimiento de las normas, en beneficio de los cotizantes, ya que es a ellos a los que finalmente representa. Es muy importante que se cumpla con este papel fiscalizar, ya que de lo contrario se pueden tomar muchas medidas para mejorar el sistema, pero nunca van a resultar si se sigue permitiendo que las grandes empresas abusen con los trabajadores, y que sigan ganando cifras millonarias, mientras los pensionados viven en pésimas condiciones. Para esto, se debería crear un órgano administrativo especial, encargado específicamente de la Seguridad Social, de darle garantía a este derecho, de su respeto y de la fiscalización que se le debe dar a las instituciones envueltas en ella.
Como ya señalé, mi idea es que convivan los dos tipos de sistemas, para que los trabajadores tengan la posibilidad de elegir, para esto, es importante que se cree un sistema de reparto, teniendo como principio rector el de la solidaridad entre sus participantes. Este sistema, al igual que el sistema de las AFP, debe ser financiado por los trabajadores, los empleadores y, en menor medida, el Estado.
Los sistemas de reparto, se basan básicamente en que los trabajadores activos, financian colectivamente, a los jubilados, es decir, las cotizaciones de los trabajadores se destinan a pagar las pensiones de quienes se encuentran retirados del trabajo.
La idea es que ambos sistemas sean los mismos porcentajes de cotización, vale decir, un 10% del trabajador y un 5% por parte del empleador, esto por la razón de que sólo la competencia entre ambos sistemas, este dada por los resultados y no por las condiciones de entrada.
La administración de este sistema debe estar en manos de una institución estatal, pero totalmente autónoma e independiente del estado, sin fines de lucro, a la cual se le pague una comisión para los gastos asociados al desarrollo de la actividad. Su objetivo será, recaudar los aportes de todos los participantes del proceso, pagar las pensiones y administrar todo lo relacionado a esto.
El Estado, al igual que en el sistema de las AFP, debería tomar un rol importante en la fiscalización de este sistema, para que cumpla con los objetivos, especialmente con la entrega de pensiones adecuadas, para que las personas de la tercera edad, tengan una vejez digna, apegada al cumplimiento de su derecho a la Seguridad Social.