Las Políticas de Paz y los Procesos de Negociación en Colombia

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1991: El expresidente Cesar Gaviria inició diálogos con lo que se llamó La Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, conformada por miembros de las Farc, Epl y Eln, estas negociaciones se dan en Tlaxcala, México

1981: Bajo el gobierno del presidente liberal Julio Cesar Turbay, se hace un intento para iniciar conversaciones con las Farc, para ello se creó una comisión que era liderada por el expresidente Carlos Lleras Restrepo, pero renunció bajo el argumento de haber tenido muchos frenos para contactarse con las Farc

2012: Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, anunció que su gobierno y las Farc firmaron un acuerdo marco para avanzar en negociaciones de paz.

2002: Se rompen los diálogos de paz con las Farc. El Gobierno del presidente Álvaro Uribe, lanzó una ofensiva militar contra las Farc con el apoyo de Estados Unidos

1999: Con el gobierno del presidente conservador Andrés Pastrana, se inicia el proceso de paz con las Farc en el Caguán, las negociaciones se dieron en medio de confrontación

1992: Los diálogos se rompen debido al asesinato del exministro Duran secuestrado por el Epl

1988: El gobierno liberal de Virgilio Barco intentó hacer un acercamiento de paz con las Farc, pero debido al genocidio de la Unión Patriótica estos acercamientos fallaron

1987: Se rompe la negociación de paz

1984: Se firma el Acuerdo de la Uribe entre el gobierno de Betancur y las Farc

1982: Bajo el gobierno conservador del expresidente Belisario Betancur, se inicia una negociación de paz con las Farc

Cronología de los procesos de paz con las Farc

La estrategia de Gaviria: negociación y estrategia integral contra la violencia Gaviria introdujo nuevos cambios en la política de paz. En el esquema de la negociación con los grupos alzados en armas se aceptó: primero, la posibilidad de la veeduría internacional, la discusión acerca del Derecho Internacional Humanitario, y el control territorial por parte de los desmovilizados para efectos de su reinserción. Segundo, se adoptó una estrategia “integral” contra la violencia en sus diferentes modalidades (García, 1992: 60). El éxito de la administración Gaviria fue haber recogido el proceso de negociaciones iniciado en el gobierno de Barco. En este periodo culminaron las negociaciones con el EPL, el Quintín Lame y el PRT. En cada caso habría que evaluar los efectos que los resultados de las negociaciones tuvo para cada movimiento y descifrar el significado político que tuvo para el país. En este mismo contexto se inició un proceso de conversaciones con los alzados en armas que formaron parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar y que se llevó a cabo en Caracas, Venezuela y Tlaxcala,México. El modelo de negociación que propuso el gobierno de Gaviria a las FARC y el ELN es el mismo esquema que se adoptó con el M19. A pesar de emplear la acción militar como una forma de ganar peso en las negociaciones, la FARC y el ELN discutirían, en su seno, la validez de la lucha armada.

La estrategia de Samper en la actual coyuntura

En la administración Samper se observa un cambio en relación con los dos años anteriores del gobierno de Gaviria, que estuvo marcado por una estrategia de guerra integral. De un estilo de agresividad verbal se pasa a un tono más moderado y se sientan las bases para crear un clima para la negociación. El programa del salto social del gobierno de Samper contempla la paz como un tema fundamental, a fin de erradicar las causas objetivas de la violencia. Forman parte de ese programa: la Red de Solidaridad Social, el Plan Nacional de Lucha Contra la Pobreza, el Plan Nacional de Empleo, el fortalecimiento de la seguridad, la justicia y la política de derechos humanos, junto con la política de negociación con los alzados en armas. En el esquema institucional se pasa de la figura del consejero de paz a la figura del alto comisionado para la paz. En principio, las críticas a esta figura se refieren a que no se encuentra inscrita en una política de paz. Su papel queda reducido a una negociación con la guerrilla y los otros aspectos de la paz se diluyen en otras instancias del gobierno sin una coordinación que dirija sus acciones hacia un propósito común. Esta falta de unidad se observó en las discrepancias que todos conocieron en su momento, entre el gobierno de Gaviria y Samper. El gobierno adopta una posición clara respecto a los derechos humanos aprobando el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra. Hasta ahora ninguno de los gobiernos había osado considerarlos y esto significó pensar la paz desde una perspectiva más ecuménica, dándole paso a la posible aplicación de los principios que han sido aceptados universalmente desde el punto de vista humanitario.

La estrategia de Gaviria: negociacion y estrategia integral contra la violencia

Virgilio Barco: 1986-1990: “mano tendida y pulso firme”

El gobierno Barco se orientó bajo la fórmula “mano tendida y pulso firme”. Con la primera estrategia, el gobierno le bajó el perfil a las negociaciones con el movimiento guerrillero y centró su acción a contrarrestar las causas objetivas de la violencia. Para ello se impulsó el programa DRI y se creó la Consejería de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. El propósito del Plan de Rehabilitación Nacional se formula para las zonas de mayor pobreza y conflicto. Su propósito: quitarle base social a la guerrilla. El impulso a estos programas significó, ni más ni menos, que los temas que formaron parte de la agenda social del programa del gobierno no serían objeto de negociación política. El gobierno quería evitar que la guerrilla cobrara dividendos políticos por esos esfuerzos rehabilitarlos. Igualmente se dispuso que una eventual negociación con los alzados en armas sólo sería posible con la voluntad explícita de la dejación de las armas y se descartaría en caso de mantenerse las hostilidades.

La Estrategia de Betancur: 1982-1986: Diálogo y Apertura hacia la Paz

Se produce un cambio frente al problema guerrillero y el manejo del orden público. Se opta por una propuesta que combinara el diálogo directo con los alzados en armas y el impulso a reformas que dieran cuenta del problema social. La primera se concretó con el proyecto de apertura política y la amnistía a los alzados en armas y la segunda en el programa de rehabilitación nacional, conexo con otros programas sociales. Se partía de reconocer el carácter político de la guerrilla. Congruente con su proyecto de apertura política, el gobierno mediante el decreto 2771 de 1982 crea la Comisión de Paz y por medio de la ley 35 de 1982 sanciona la amnistía para los alzados en armas. Ante la oposición de Landázabal al proyecto, el general es relevado de su cargo. Pese al amplio respaldo nacional que poseía la propuesta del gobierno, el proyecto de Betancur nace sin el respaldo de los gremios, de los militares y de los partidos políticos (incluso los de su misma ala conservadora). El tino del gobierno de Betancur fue atisbar que ante la crisis de legitimidad del sistema político, lo que urgía era una solución política. Los gremios y los militares seguían inclinándose por una solución militar. Eso significaba que el pres i dente se quedaba sin re ales recursos de poder y que no existía una percepción unificada sobre la paz. Otro elemento que caracterizó al gobierno de Betancur fue la débil capacidad negociadora de las comisiones de paz.

El gobierno de Turbay (1978-1982): predominio de la solución militar

la política de paz del gobierno de Turbay durante el cuatrienio 1978-1982 se caracterizó por una preeminencia de la fuerza sobre los mecanismos de consenso. Estaba más pensada en términos del manejo del orden público. No había una política de paz que considerara la tipicidad de los problemas que por esa época vivía el país. La concepción dominante al tratamiento guerrillero estuvo muy ligado a los esquemas ideológicos binarios inscritos en el contexto del conflicto Este-Oeste, sin mediar un diagnóstico de los problemas sociales. Esta era una concepción compartida tanto por los gremios privados como por el gobierno nacional. El mismo tratamiento militar que se le dio al movimiento guerrillero se le dio a la protesta social, que fue criminalizada. La expedición del Estatuto de Seguridad por el gobierno de Turbay, promulgado por el decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, va a mostrar ese talante. Mediante este estatuto se entrega a los militares el poder de juzgar los delitos comunes de los civiles y se inutiliza la aplicación del Habeas Corpus.

Las Políticas de Paz y los Procesos de Negociación en Colombia

los procesos de paz describen los esfuerzos de las partes interesadas en lograr una solución duradera a largos conflictos, en Colombia.