El control de convencionalidad es una responsabilidad crucial de todas las autoridades públicas, especialmente dentro del ámbito judicial. Este mecanismo implica evaluar y contrastar las normas y actos nacionales con las disposiciones de los tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Es la obligación que tienen los Estados, jueces, tribunales y toda autoridad interna de aplicar las convenciones internacionales de derechos humanos en todas sus resoluciones y actuaciones; Aparecio por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH, en el caso Amonacid Arellano versus Chile.