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Constituyen formas de limitación de los derechos de quienes delinquen de esta manera organizada y sistemática.
Deben estar jurídicamente reguladas, es decir, en normas aplicables a los casos de que se trata.
Esto ha llevado a una alta infiltración en las estructuras gubernamentales, particularmente en la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General de la República y las policías estatales y municipales.